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El Juzgado de Instrucción nº2 de Orihuela acaba de incoar diligencias penales por prevaricación administrativa en calidad de investigado contra Antonio Miguel López Arenas, alcalde de Benejúzar, tras haber interpuesto el portavoz del Grupo Popular Municipal de Benejúzar, Antonio Bernabé, la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Los hechos se remontan a octubre de 2019 cuando se rompió una tubería de saneamiento en la Avda. de la Gloria, coincidiendo con el episodio de lluvias de la DANA. Dicha obra que fue reparada, supuso un coste con cargo al consistorio de 53.254,19 euros. Fue adjudicada a dedo sin expediente de contratación, sin contrato y sin consignación presupuestaria.El 5 de diciembre de ese mismo año se llevó a pleno una modificación del presupuesto para dotar económicamente esa obra de reparación, además de otras siete partidas de obras e inversiones. El portavoz del PP solicitó varias veces los expedientes administrativos de forma concreta, en las que se incluía el expediente de reparación del colector de saneamiento. Nunca fue entregado el expediente de la obra de reparación.La falta de transparencia por no publicitar los contratos, por no hacer entrega de los expedientes administrativos, por adjudicar una obra mayor a dedo y sin expediente de contratación y por no tener la debida consignación presupuestaria, obligó al Grupo Popular Municipal a actuar judicialmente por doble vía. Una vía contencioso administrativa pidiendo la nulidad del pleno de aprobación de la consignación presupuestaria de la obra de reparación del colector, además de las otras siete. Entendimos que se había vulnerado nuestro derecho fundamental de participación pública, al no haber sido entregada la información solicitada en el pleno de aprobación de las partidas presupuestarias de obra e inversiones ya referidas. Recientemente, el diez de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado el recurso de apelación núm. 168/2020, procedimiento especial de derechos fundamentales, interpuesto por el popular Antonio Bernabé, anulando el pleno de modificación presupuestaria. Probablemente, el tiempo ha confirmado que no nos pudieron dar lo que nunca ha existido. La otra vía judicial, ha sido la penal. Desde el principio sospechamos que había indicios de delito tras haber constatado que no hubo procedimiento alguno de contratación, se adjudicó a dedo una obra mayor y se ejecutó sin dotación presupuestaria. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la fiscalía anticorrupción, que a su vez dio traslado al correspondiente juzgado de instrucción y que han derivado en la incoación de las diligencias penales de investigación por prevaricación administrativa. Es el mismo Juzgado de Instrucción Nº2 de Orihuela quien ha dictado el auto del procedimiento penal, en calidad de investigado contra Antonio Miguel López Arenas, alcalde de Benejúzar.Se abre un procedimiento judicial contra el máximo mandatario del Ayuntamiento de Benejúzar. Desde el Grupo Popular Municipal lamentamos profundamente que Benejúzar sea noticia por estos episodios, a la vez que recordamos que nuestra encomienda como único partido de la oposición en el Ayuntamiento de Benejúzar es el control y fiscalización de la gestión de la coalición de gobierno PSOE-Ciudadanos.

Cabe recordar, que el alcalde Miguel López tiene pendiente juicio oral por presunto delito electoral. Juicio que se debió celebrar este mismo mes de septiembre y que fue aplazado por la Audiencia Provincial debido a una reestructuración de las salas. Con esta imputación por presunta prevaricación son dos frentes penales con los que se enfrenta el alcalde de Benejúzar, y que pone bajo sospecha el buen nombre de la institución que representa. Por otro lado, cabe preguntar al Grupo Municipal de Ciudadanos donde tienen situada su verdadera “línea roja” con la que tantas veces hicieron bandera de honestidad política, mientras están manteniendo un pacto de gobierno que no se sostiene ni en lo ideológico ni en lo ético.

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